Una decena de policías activos fueron detenidos por sus propios compañeros luego de varias denuncias en su contra por presuntos vínculos con la criminalidad común y organizada.
Las órdenes de captura fueron emitidas por un juez de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Los uniformados fueron requeridos por la comisión de diferentes delitos.
A estos miembros de la carrera policial se les supone responsables por los supuestos delitos de allanamiento por funcionario público o empleado, robo con violencia e intimidación agravado continuado, privación ilegal de libertad realizada por funcionarios e empleados públicos, tortura, y asociación para delinquir en perjuicio de denunciante y falsificación de documentos públicos en menoscabo de la fe pública.
