El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que intervenga en la tensa batalla legal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, la ley de tiempos de guerra que fue utilizada para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana.
La apelación de emergencia, que solicita a los jueces que revoquen una orden del juez federal de distrito James Boasberg que bloquea nuevas deportaciones bajo dicha ley, mete aún más a la Corte Suprema en el torbellino de Trump.
“Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país: el presidente, a través del Artículo II, o el poder judicial”, declaró la Procuradora General Interina Sarah Harris ante la Corte Suprema. “La Constitución ofrece una respuesta clara: el presidente. La república no puede permitirse otra opción”.
